Los 32 créditos ante los tribunales

En diciembre de 2013 se celebrará el juicio por el recurso que CCOO presentó contra la elevación de la carga docente hasta 32 créditos.



Para el curso 2013-2014 el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y Rector han anunciado que mantendrán los 32 créditos como carga docente máxima, propuesta que no dudamos será aprobada por el Consejo de Gobierno.

En tal caso, ¿qué harán si en diciembre de 2013 una sentencia declara que la ampliación a los 32 créditos es contraria a derecho?, ¿seguirán manteniendo la carga máxima en 32 créditos?, ¿seguirán diciendo que la suya es la única interpretación posible del Decreto 20/2012?

 

En efecto, acaban de fijar para diciembre de 2013 el juicio en el que se conocerá de la primera de las demandas interpuestas por CCOO contra las decisiones del Consejo de Gobierno que aumentaron la carga docente del profesorado laboral y funcionario hasta los 32 créditos.

Es decir, tardaremos al menos año y medio en tener una primera sentencia que declare si la modificación del Plan de Ordenación Docente llevada a cabo por el Consejo de Gobierno de la UGR es o no conforme a derecho. Y tardaremos varios años más -hasta llegar a los siete u ocho- en tener una sentencia  definitiva.

Esta tardanza de los tribunales en conocer y decidir de las cuestiones que se les plantean -demora que es especialmente importante en la vía contencioso-administrativa, que es la que hay que utilizar para impugnar las decisiones de las administraciones- permite que nuestra universidad actúe a su aire, fundando formalmente sus decisiones en unas interpretaciones del Derecho que no se sostienen pero que la universidad mantiene contra viento y marea, en la seguridad de que mientras los tribunales deciden, ellos pueden seguir haciendo lo que les parece.

Además, esta tardanza de los tribunales en decidir, unida a los costes que supone un recurso contencioso-administrativo, provoca que muchas veces, las personas o colectivos afectados, aunque tengan el convencimiento de la incorrección de la actuación de la universidad, decidamos no recurrir. Esto está ocurriendo tanto a niveles individuales como para los órganos de representación y los sindicatos.

A nivel individual, cuántos son los profesores y profesoras que sufren una ordenación docente impuesta por su departamento porque acudir a los tribunales es muy caro y, sobre todo, porque cuando los tribunales resuelvan ya habrán dado todas las clases.

A nivel sindical, ocurre lo mismo, también nos preguntamos si realmente es de alguna utilidad recurrir el Plan de Ordenación Docente del curso 2012-2013 cuando la primera resolución judicial al respecto se producirá en diciembre de 2013, cuando ya haya expirado su vigencia.

A pesar de todo creemos que merece la pena, porque quienes deciden en nuestra universidad tendrán que enfrentarse a lo que diga un juez de sus actuaciones, aunque sea a agua pasada:  ¿si en diciembre de 2013 una sentencia declara que la ampliación a los 32 créditos es contraria a derecho, seguirán diciendo que la suya es la única interpretación posible del Decreto 20/2012?

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