POD sin negociación y sus consecuencias sobre la convocatoria de cátedras y titularidades

La Universidad de Granada se apresta a aprobar nuevos criterios para decidir qué plazas se convocarán en 2013, sin negociación, pese a la reciente sentencia que recuerda la obligación de la UGR de negociar con la representación del profesorado.



Hace unos días hemos conocido la magnífica noticia de que en virtud del recurso de UGT contra la ampliación de la carga docente a 32 créditos ésta ha sido considerada contraria a derecho. ¿La razón? Una que los sindicatos venimos esgrimiendo desde hace tiempo: que no se pueden modificar las condiciones de trabajo del profesorado universitario sin negociarlo previamente con sus representantes.

A pesar de ello el Equipo de Gobierno se niega a aceptar esta sentencia y ya ha comunicado su intención de recurrirla así como de seguir adelante con el Plan de Ordenación Docente para el curso 2013-2014, a pesar de que adolece de la misma falta de negociación ya sancionada por los tribunales (puedes consultar aquí el comunicado).

Pero, dejando en este momento a un lado el tema de la ilegalidad de los 32 créditos (que merece un análisis pormenorizado), queremos ahora hacernos eco de las consecuencias de esta sentencia sobre la vida universitaria en general y en particular sobre una cuestión urgente: la convocatoria de cátedras y titularidades.

Os recordamos que, fruto de la tasa de reposición impuesta por el Gobierno Central, el número de plazas a convocar durante 2013 será en principio de siete (como mucho puede llegar a 14) mientras que hay pendientes 19 cátedras y 50 titularidades aprobadas ya por el Consejo de Gobierno el año pasado (además de las que se han ido presentado en este año).

Mañana miércoles 3 de julio se celebrará una Comisión Académica (delegada del Consejo de Gobierno) en la que el Vicerrector de Ordenación Académica presentará su propuesta de criterios para determinar qué cátedras y/o titularidades se convocarán durante el año 2013, unos criterios que no han sido previamente negociados con la representación dle profesorado.

En un momento tan difícil como el actual, cuando sólo se pueden convocar 7 plazas, resulta especialmente grave que la Universidad de Granada para determinar qué titularidades o cátedras serán efectivamente convocadas durante 2013 pretenda aprobar unos criterios absolutamente nuevos, unos criterios cuya razón de ser no está justificada, que se proponen a posteriori y conociendo ya las peticiones a las que se han de aplicar.

Parece especialmente grave que, saltándose la obligación de negociar establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público, se apruebe la convocatoria de unas plazas que podrían ser impugnadas por cualquiera que, no gozando del favor del Vicerrectorado, se sienta agraviado por la decisión adoptada. No olvidemos que esto ya ha ocurrido antes con consecuencias muy graves para quienes muchos años después han perdido la cátedra que ganaron.

¿No sería mejor para la transparencia y la seguridad jurídica que el Equipo de Gobierno de nuestra universidad aceptase de una vez por todas la Constitución y se sentase a negociar con la representación del profesorado?

¿De qué tienen miedo, de que la representación del profesorado presente peticiones insensatas (como se insinúa) o tienen simplemente miedo de que haya transparencia?

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