REUNIÓN CON MONTORO

 
GOBIERNO: DE LA PARÁLISIS INSTITUCIONAL Y LA PROPAGANDA, A LA REALIDAD
 
 
 
Ayer, 5 de febrero, se celebró una reunión entre los sindicatos CCOO, UGT y CSIF con el ministro Montoro, que pretende reabrir el proceso de negociación interrumpido hace cuatro meses por el Gobierno de manera unilateral.
 
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, se ha comprometido este lunes con los sindicatos a intentar pactar en febrero mejoras salariales y laborales de los empleados y empleadas de la función pública. Montoro es consciente de que un acuerdo con los sindicatos sobre las condiciones de los tres millones de funcionarios que hay en España podría allanar el camino a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, para los que continúa sin los apoyos suficientes. 
 
Así, el ministro quiere cerrar un acuerdo en este plazo para poder incluirlo en el proyecto para unas nuevas cuentas públicas que, eventualmente, aprobaría a finales de marzo. Pero aunque no consiguiera los socios parlamentarios precisos y el año continuase regido por el proyecto prorrogado de 2017, el ministro ha dado su palabra de que cumplirá lo que firmen en la mesa de negociación a través de un decreto, como ya había adelantado.
 
Están  en juego mejoras salariales –los sindicatos consideran insuficiente la oferta de subida de hasta un 8% vinculada al crecimiento económico que les hizo Montoro en septiembre–, la posibilidad de establecer jornadas laborales de 35 horas semanales y la eliminación de la penalización por coger bajas laborales, aprobada para acabar con el absentismo, según el Gobierno.
 
Se entrará en materia en la próxima reunión, que celebrarán los sindicatos con la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, el 12 de febrero. 
 
El coordinador del Área Pública de CCOO, Pepe Fernández, ha relacionado la actitud conciliadora y abierta al acuerdo del ministro con "la situación política del momento" y con las movilizaciones que los sindicatos han promovido desde que en septiembre se diera carpetazo a la negociación.
 
El motivo por el que se levantaron de la mesa fue el desacuerdo con la oferta de una subida salarial de hasta un 8% en tres años, junto al hecho de que el Gobierno decidiera no presentar un proyecto de presupuestos en medio de las dificultades políticas en Cataluña. "Hay presión y descontento en las administraciones públicas por la posición que el Gobierno ha venido manteniendo".
 
En la reunión establecimos la necesidad de retomar el proceso de negociación, concretando un calendario de reuniones, que se abre el lunes 12 de febrero, retomando la negociación en el lugar en que quedó en septiembre y tomando como suelo las propuestas que el Gobierno había ido acomodando a nuestras demandas.
 
Se le ha expresado de manera contundente a Montoro que, reconociendo que están en una situación delicada por su falta de alianzas políticas y además por la situación en la que las encuestas les vienen colocando ante la opinión pública, rechazamos que seamos las empleadas y empleados públicos rehenes del Gobierno y sus conflictos políticos, lo que es inaudito en una sociedad avanzada en Europa.
 
El Gobierno tiene que cumplir con los mandatos constitucionales y con la mínima seriedad democrática, creando las condiciones para que se pueda dotar a España de PGE 2018, saliendo de la inestabilidad que daña a las diferentes Administraciones Públicas y pone en cuestión los servicios públicos que deben prestarse a la ciudadanía.
 
En cuanto a las reivindicaciones básicas para los aproximadamente tres millones de empleadas y empleados públicos, las demandas de CCOO son las siguientes:
 
  • Incremento salarial superior al IPC, recuperación del 5% recortado en 2010, reconocimiento de la deuda por la pérdida de poder adquisitivo —superior al 14% desde 2010— y una cuantía adicional en los Presupuestos Generales del Estado para los sectores y Administraciones con mayor devaluación salarial.
  • Firmar el II Acuerdo para la mejora del empleo público que permita la universalización del proceso de estabilización y rebaje al 8% la temporalidad en todos los servicios. Y eliminar la tasa de reposición para que se inicie la recuperación del empleo público perdido, que desde el inicio de la crisis se cifra en más de 300.000 puestos de trabajo.
  • La recuperación de la negociación colectiva en todos los ámbitos, lo que implica eliminar el carácter básico de algunos normas que impide que se pueda negociar en las diferentes Administraciones la jornada laboral, la carrera profesional, la recuperación del 100% de la cobertura por Incapacidad Temporal, fondos de acción social y formación.
 

 

 

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