NUEVA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, ¿EL APOCALIPSIS EL 9 DE MARZO?

 
Quienes vayan a asistir a un congreso o realizar una estancia después del 9 de marzo, ¿qué tendrán que hacer para contratar su viaje?, ¿podrán hacerlo con la agencia de viajes habitual?, ¿podrán hacerlo con alguna agencia de viajes?
 
No lo sabemos. Los límites que impone la nueva ley pueden paralizar la operativa usual en la contratación de un viaje.
 
La compra de libros, de material inventariable o fungible para proyectos de investigación, para las clases, las clases prácticas de grados y másteres, etc., ¿se podrá hacer como siempre? ¿Habrá que articular las compras a través de una central? ¿Cómo nos afectará todo esto en nuestro día a día?
 
Tampoco lo sabemos.
 
 
La razón de todas estas dudas está en la nueva Ley de contratos del sector público (Ley 9/2017, de 8 de noviembre), que entrará en vigor el 9 de marzo, a los cuatro meses de su publicación.
 
La Ley es transposición de unas Directivas europeas de 2014 y su finalidad es resolver problemas de transparencia y, sobre todo, prevenir en el ámbito de la contratación pública la corrupción o las prácticas incursas en favoritismo (consultar aquí Nota de prensa del Gobierno).
 
El problema es que, aunque a menudo lo ignoramos, el profesorado y el personal investigador están continuamente realizando pequeños contratos públicos (un libro, un tóner, un reactivo, la reparación de una máquina, un ordenador, etc.).
 
Los controles que establece la nueva ley necesitarán de nuevos procedimientos y esta exigencia se conoce desde hace tiempo, puesto que las directivas son de 2014 y la tramitación de la ley se inició en noviembre de 2016.
 
 
¿Está la UGR preparada para gestionar el nuevo marco legal? ¿Se han desarrollado las nuevas herramientas informáticas necesarias?
 
Desde CCOO expresamos nuestra preocupación pues pasan los días y por el momento no parece que la Universidad tenga preparada la infraestructura de compras necesaria para seguir funcionando en el nuevo marco legal.
 
A pesar de todo esperamos que finalmente la UGR sea capaz de dar respuesta adecuada a esta necesidad y el 9 de marzo de 2018 no se produzca un colapso de la actividad habitual.

 

 

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