¿Por qué se opone CCOO al Plan de Ordenación Docente aprobado?

 

Los miembros de CCOO presentes en el Consejo de Gobierno se opusieron al Plan de Ordenación Docente presentado por el Equipo rectoral.

El siguiente escrito fue entregado a fin de hacer constar en el Acta de la sesión las razones de su oposición al Plan de Ordenación Docente:

 


 

Nos oponemos al Plan de Ordenación Docente que se presenta para su aprobación por varias razones:

  • Principalmente porque impone de nuevo una dedicación docente de hasta 320 horas lectivas cuando se ha declarado vigente el RD 898/1985, que establece una carga lectiva de 8 horas semanales, es decir, de 240 horas anuales.
  • Porque extiende la reducción a 160 horas lectivas a todas las personas que tienen 3 ó 4 sexenios, aunque no sean consecutivos como exige el Decreto Ley 14/2012, sobrecargando con ello a los respectivos compañeros de área.
  • Porque mantiene más deducciones por investigación para quienes ya ven reducida su carga docente a 160 horas lectivas.
  • Porque, en contraste con la sobrevaloración de la actividad investigadora, infravalora muchas de las tareas docentes, como la dirección de trabajos de fin de grado y de fin de máster (entre 0’3 y 0’75 créditos), la responsabilidad de asignaturas a extinguir, o la existencia de alumnos repetidores, que valen el 75% que los alumnos de primera matrícula.
  • Por último, pero quizás lo más grave de todo, porque este Plan de Ordenación Docente sigue sin ofrecer una solución al profesorado que presenta alguna discapacidad, que tiene derecho a una adaptación de su puesto de trabajo a sus condiciones personales, y que lleva años esperando a que esto se produzca.


Pasaremos a continuación a exponer los argumentos para cada uno de estos puntos:


El POD impone de nuevo una dedicación de hasta 320 horas anuales, en contra de la legislación vigente, como a continuación explicaremos.

El curso pasado, a raíz de la publicación del Decreto Ley 14/2012, de 20 de abril, se produjo una gran confusión sobre cuál era el marco en el que cada universidad podía fijar la dedicación docente del profesorado.

El Acuerdo del Consejo Andaluz de Universidades adoptado en reunión del 26 de junio de 2012 -y ampliamente difundido por los rectores andaluces- vino a ampliar esta confusión al ser presentado como una regulación de la dedicación docente del profesorado funcionario y laboral de las universidades andaluzas.

Sin embargo, transcurrido un año la situación es distinta y se ha aclarado sensiblemente:

1. La Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha emitido una Nota sobre el régimen de dedicación del profesorado universitario que aclara el contenido del D-Ley 14/2012:

  • (…)  corresponde a las Universidades, en ejercicio de su competencia, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa tanto estatal como autonómica, traducir en cada caso concreto esta referencia legal a número de horas de actividad docente” (apart. 5, párrafo 2º),
  • (…) siendo a este respecto de obligada referencia el Real Decreto 898 de  1985 sobre régimen del profesorado universitario que establece un régimen de dedicación compuesto por bloques de actividad del docente en conexión con el alumno” (apart. 5, párrafo 2º).
  • La ley no regula pues derechos de los funcionarios, sino criterios a aplicar por las Universidades” (apart. 4, párrafo 4º).

2. La propia Secretaria de Estado de Universidades ha aclarado que esta Nota fue emitida a petición de los Rectores y con el fin de clarificar la situación y ser ampliamente difundida (tal como queda reflejado en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados).


3. Ha quedado aclarado que el Acuerdo del CAU no pasa de ser un informe del mismo, puesto que la Junta de Andalucía sólo lo ha publicado como tal informe sin hacerlo suyo y legislar sobre la cuestión.


4. Y por último, pero no menos importante, se ha producido una resolución del Claustro de nuestra universidad que, dentro del respeto a la legalidad, rechaza el Decreto 14/2012 e insta al Equipo de Gobierno a minimizar sus efectos.

Además, la experiencia de este curso -aplicando las 160 y las 320 horas lectivas- demuestra que en la mayor parte de las áreas esta medida no ha servido para paliar la falta de contratación sino para repartir de modo desigual la carga docente existente.

Creemos, por lo tanto, que en el momento actual no existen razones para mantener un reparto desigual de la carga docente. En particular, el incremento de la carga docente por encima de las 240 horas infringe el RD 898/1985, que sigue estando vigente.

Si tenemos en cuenta todo lo anterior, es claro que, por respeto a la normativa vigente y por coherencia con el mandato del Claustro, deberíamos, como mínimo, eliminar la ampliación de la carga docente más allá de las 240 horas lectivas.


También nos oponemos al POD porque se extralimita, aun dentro de sus propias premisas, al conceder una reducción a 160 horas a quienes no tendrían ese supuesto derecho en virtud del Decreto Ley.

El Decreto-Ley 14/2012 cuando establece la posibilidad de reducir la dedicación docente a 16 créditos en función de los “sexenios” lo hace exigiendo que sean consecutivos (art. 68 de la LOU según la redacción establecida por el art. 6 del D-Ley).

En el Plan de Ordenación Docente ha desaparecido la exigencia de que esas evaluaciones positivas sean consecutivas (apart. 1.1.1, pág.5).

Esta interpretación laxa del D-Ley se nos ha querido presentar como una interpretación a favor del profesorado de esta universidad, pero en realidad pretende favorecer sólo a un sector del profesorado, sin que el D-Ley ofrezca base para ello y sin tener en cuenta que con ello se está perjudicando a sus compañeros y compañeras de área, que tendrán que impartir la docencia que no impartirá esa persona.

Además, sorprende esta interpretación laxa del Decreto Ley cuando en los restantes extremos, cuando se ha solicitado del Equipo de Gobierno una interpretación diferente en aras de favorecer al profesorado que soporta una mayor carga se nos ha dicho repetidamente que el Decreto Ley no deja más opciones.

Nada tendríamos en contra de esta interpretación laxa si esta misma generosidad se aplicase a quienes más la necesitan, es decir, a quienes como consecuencia de la aplicación de este POD tendrán que impartir más de 240 horas anuales de docencia.

Por lo tanto, solicitamos que en caso de mantener la reducción de la carga docente a 160 horas lectivas se haga en los mismos términos recogidos en el Decreto Ley.


Por último, en esta misma línea, nos oponemos al POD porque permite  más deducciones por investigación para quienes ya ven reducida su carga docente a 16 créditos.

Solicitamos pues que las compensaciones por actividades de investigación (Anexo II, apartado 1.2) queden limitadas a quienes no hayan podido reducir su carga docente a 160 horas lectivas en virtud de los sexenios acumulados.


Nos oponemos al POD porque, en contraste con la sobrevaloración de la actividad investigadora, infravalora muchas de las tareas docentes:

La dirección de los trabajos de trabajos de fin de grado y de fin de máster (apart. 2.8 y 2.9) no se valora de acuerdo con el trabajo que exigen del profesorado (6 créditos ECTS valen entre 0’3 ó 0’75 créditos para el profesor) y se computa en el curso siguiente a aquél en que el alumno es evaluado favorablemente. Esta valoración no responde a la realidad del trabajo desarrollado por quien dirige estos trabajos, por lo que solicitamos que la dirección de trabajos de fin de grado y de fin de máster sea valorada adecuadamente y que se compute en el curso en el que el alumno se matricula.

Solicitamos igualmente que la responsabilidad de asignaturas a extinguir sea valorada dentro de la actividad docente del profesorado, pues, como a nadie se le esconde, supone un trabajo por parte del profesor.

Y por último, solicitamos que el alumnado repetidor sea contabilizado de la misma forma que el alumnado de primera matrícula a la hora de formar los grupos de cada asignatura, pues aplicarles un factor de reducción de 0’75 (apartado 2.1) no responde a la realidad, pues un alumno repetidor exige, por lo menos, la misma dedicación que un alumno de primera matrícula. Además, resulta especialmente sangrante que en el momento en que los alumnos repetidores ven aumentadas sus tasas por el hecho de ser repetidores parecería que el POD considera que sólo tienen derecho al 75% de la atención que precisa un alumno de primera matrícula.
 


Pero, como ya hemos dicho, lo que nos parece más grave es que este Plan de Ordenación Docente no ofrezca una solución al profesorado que presenta alguna discapacidad, personas que tienen derecho a una adaptación de su puesto de trabajo y que llevan años esperando.

La situación del profesorado que presenta una discapacidad (normalmente sobrevenida) que dificulta su labor docente ha sido desde hace años planteada a distintas autoridades de esta universidad sin haber obtenido ninguna solución. Por el contrario el PAS tiene un procedimiento para la adecuación de sus puestos de trabajo.
Recientemente CCOO ha mantenido una reunión con el Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, pero tampoco ha aportado ninguna solución concreta.

En la misma línea, se nos presenta hoy a aprobación un Plan de Ordenación Docente que no contempla ninguna medida relativa al profesorado con discapacidad.

Es más, este Plan de Ordenación Docente, al igual que el del curso anterior, agrava la situación de estas personas, pues al imponer un aumento de la carga docente hasta las 320 horas lectivas para aquellas personas que no tienen un sexenio "vivo", hace recaer sobre el profesorado con alguna discapacidad una carga docente superior. Como todos podemos comprender, estas personas, debido precisamente a sus especiales circunstancias, no cuentan generalmente con un sexenio vivo.

En esta situación, estas personas se ven abocadas bien a soportar una carga de trabajo superior a sus fuerzas y que pone en peligro su salud, bien a renunciar a su puesto de trabajo pidiendo la incapacidad permanente.

Esta falta de respuesta por parte de la UGR incumple la legislación vigente, que reconoce el derecho al trabajo para las personas discapacitadas o con disminución de su capacidad, así como la obligación de la empresa de adaptar el puesto de trabajo a sus necesidades.

Por todo ello, dada la gravedad de la cuestión y los perjuicios que para la salud de las personas afectadas está provocando, solicitamos de este Consejo de Gobierno la adopción de medidas que den respuesta satisfactoria al profesorado que presenta una discapacidad.


En resumen, el Plan de Ordenación Docente que hoy se trae a la aprobación de este Consejo de Gobierno parece sustentarse en la idea de que en la Universidad de Granada existen dos tipos de profesores.

Los primeros, los excelentes, en virtud de una actividad investigadora reconocida por sexenios, son acreedores de los máximos mimos: carga docente de 160 horas lectivas, aunque no reúnan los requisitos establecidos por el Decreto Ley, y aún mayores descuentos por otros méritos de investigación.

Mientras, el resto del profesorado, que por lo visto no se ha esforzado lo suficiente, no merece nada, ninguna interpretación laxa del Decreto Ley, ninguna medida destinada a minimizar los efectos de la legislación, ni siquiera atendiendo a la recomendación del Claustro que, no lo olvidemos, es el máximo órgano de representación de esta universidad y del que emana el mandato representativo de muchos de los miembros de este Consejo de Gobierno.

Y esta división del profesorado en dos grupos, el de los buenos que lo merecen todo y el de los malos que no merecen nada, llega hasta tal punto que en el grupo de los malos que no merecen nada se incluye también al profesorado con alguna discapacidad, que tampoco es merecedor de unas medidas que exige la propia Constitución.

¿Es ésta la universidad que queremos?

¿Es ésta la universidad que ustedes quieren?

¿Es ésta la universidad que quieren las personas a las que ustedes representan?

El Claustro instó al Equipo rectoral a minimizar los efectos del Decreto 14/2012 entre otros

 

El pasado 5 de octubre el Claustro de la Universidad de Granada ante las medidas del estatales y autonómicas que perjudican tanto a la universidad como a los miembros de la comunidad universitaria, realizó una declaración instando al Equipo rectoral a minimizas los efectos de la nueva normativa, y en particular del Decreto 14/2012.

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El Ministerio de Educación emitió una Nota aclaratoria declarando vigente el Decreto 898/1985


El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de su Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional Y Universidades emitió una Nota sobre el régimen de dedicación del profesorado universitario en la que se aclara el alcance del Decreto Ley 14/2012 en cuanto a la dedicación del profesorado.
Según declaraciones de la propia Secretaria de Estado ante el Congreso de los Diputados(Diario de Sesiones, pág. 24, 1er párrafo) esta Nota fue emitida a petición de los Rectores para ser difundida en las universidades, aunque no lo ha sido en la nuestra.

 

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