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Publicado: Viernes, 11 Mayo 2012 13:24
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La Ley de Reforma Universitaria de 1983 establece la figura del Defensor Universitario (DU), una institución que tras la aprobación de la LOU de 2001 se hace obligatoria para todas las universidades españolas, incluyendo las privadas. Conforme a la disposición adicional decimocuarta de la LOU, la principal función del DU es "velar por el respeto a los derechos y libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios".
Así pues, y conscientes de la misión a ellos encomendada, los Defensores Universitarios de España deciden expresar públicamente su preocupación en relación al proceso de reformas emprendidas por el Gobierno y que afectan al ámbito universitario. Especialmente preocupante resulta el Real Decreto-Ley 14/2012 de 20 de abril, particularmente en lo relativo al aumento de tasas y precios públicos de los estudios universitarios, al régimen de dedicación del profesorado y al procedimiento de creación, modificación y supresión de centros y títulos de enseñanzas universitarias. Esta inquietud y malestar está motivada tanto por la forma seguida en la elaboración de la norma, sin ningún contacto formal previo con las partes interesadas, como por el fondo, ya que los cambios legales afectan sustancialmente al modelo de universidad pública.
Consideramos que las emergencias que afectan al país, y que exigen urgentes reformas, ajustes y recortes, en modo alguno pueden justificar la quiebra de la autonomía universitaria o del autogobierno de las Comunidades Autónomas (CCAA); tampoco pueden justificar el recurso sistemático al decreto-ley, renunciando al sano ejercicio de una democracia deliberativa y participativa. Sin ésta no es posible construir proyectos compartidos y perdurables. La forma de gobernar y gestionar los asuntos públicos ha de asumir la complejidad de perspectivas, incorporando la diversidad de intereses contrapuestos y articulando mecanismos de diálogo y concertación. Esta exigencia se hace mucho más inexcusable cuando el contenido de las reformas tiene un carácter estructural, afectando a aspectos sustantivos de nuestro sistema universitario, y en el que están en juego unos derechos y prestaciones inherentes a nuestro modelo de Estado social.
Los Defensores Universitarios de España, en el legítimo ejercicio de su función de supervisión, mediación y propuesta, y en su afán de seguir contribuyendo eficazmente a la buena gobernanza de nuestro sistema universitario, hacen un llamamiento en favor de la inmediata recuperación de la democracia deliberativa, la concertación y el diálogo entre las partes interesadas (Gobierno, Oposición, CCAA, Universidades, Sindicatos, asociaciones estudiantiles y demás actores afectados). Sólo así se podrá hacer frente de manera responsable y exitosa al estado de emergencia que viven nuestras sociedades, y también nuestras Universidades; y solo así los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria gozarán de una mayor garantía, evitando al mismo tiempo la precipitación, la imposición y el rechazo, lo que en definitiva deslegitimaría todo el proceso de cambio que las circunstancias demandan.
